Casinos en zonas francas, la propuesta olvidada del Gobierno de Ecuador

Ecuador vive días de cambios en relación a la búsqueda de un mayor desarrollo económico y a la atracción de inversión de capital extranjero. El país se encuentra obsesionado con tratar de potenciar sus zonas francas en las que poder completar estas tareas y el nuevo decreto ley firmado para la atracción y fomento de inversiones va precisamente en esta misma línea.

Las zonas francas son áreas geográficas que se encuentran dentro del territorio nacional en las que se establecen regímenes especiales en cuanto a la circulación de mercancías. Lugares muy interesantes para empresas que deseen reducir sus costes, facilitar la circulación de sus activos e invertir con total libertad.

El gran problema es que Ecuador no ha sabido jugar bien sus cartas con ellas. El excesivo control que quiso imponer el estado central ha impedido que la naturaleza liberalista de estos territorios prospere y con ello sus factorías.

De las 20 que llegó a haber, zonas francas tan solo quedan las del teleférico de Quito, el aeropuerto de Quito y el aeropuerto de Guayaquil. Mientras que zonas de desarrollo o ZEDES (derivados de las zonas francas) sobreviven las de Zofraport, Posorja, Litoral y Puerto Guayaquil, todas ellas instaladas en la capital. Las otras cinco establecidas en su día se encuentran fuera de operación.

Y precisamente uno de los tipos de organizaciones que podían llegar a establecerse en estos distritos especiales son casinos y casinos online. Los ecuatorianos se mostraron a favor de prohibir el funcionamiento de locales de juego en el país en la consulta popular del año 2011, sin embargo, el proyecto de la Ley de Inversiones de 2022 no consideraba a las zonas francas como parte del territorio de Ecuador.

Eso abría las puertas al mercado del azar y sus promotores, siempre que estos fueran capaces de hacer una buena fusión entre el concepto de casino y el de complejo turístico. El texto detallaba que se quería crear un modelo a la japonesa, donde también los salones de juego están vetados en territorio asiático salvo en zonas específicas destinadas al alojamiento y entretenimiento de turistas.

Ecuador veía entonces la posibilidad de crear resorts vacacionales provistos de casinos que pudieran dar un vuelco total a la política de la década anterior con respecto a estos establecimientos. Sin embargo, ese texto normativo jamás llegó a ver la luz. El pleno del poder ejecutivo lo rechazó y archivó tras debatir sobre una cuestión que se consideraba de carácter urgente en materia económica.

La ley se guardó en un cajón a la espera de nuevos cambios y muchos lo daban como una batalla perdida. Hasta que en el comienzo del año 2023 se volvió a reactivar todo el asunto. Guillermo Lasso, presidente de la República, firmó el 23 de mayo el decreto ley que busca promover de nuevo las zonas francas e incluso poder crear nuevas.

Sin embargo, parece que la naturaleza del texto ha cambiado ligeramente y no prevé la instalación de casinos a corto plazo. Aunque no está demasiado claro si de manera legal el Estado pudiera impedirlo si se diera el caso o si en su defecto rechazaría una propuesta millonaria de un operador con ganas de invertir en una de estas zonas.

Lo que sí que es seguro con respecto a la norma es que solamente las empresas que sean nuevas podían ubicarse en las zonas francas, lo que descarta a casinos que ya tengan negocios en otro lugares. Las multinacionales de las que más propuestas espera recibir Ecuador son las dedicadas a la exportación, pues son a las que va enfocada esta novedosa regla.

También se prevé que se puedan crear zonas dedicadas exclusivamente a una sociedad o a un edificio concreto. Eso quiere decir que las construcciones no tendrían que estar necesariamente alejadas de las ciudades, sino que se podrían crear departamentos con libertad de movimientos dentro de las propias villas.

Los beneficios para las sociedades sería librarse de pagar impuestos como IVA, el Impuesto de Salida de Divisas o el Impuesto a la Renta durante los diez primeros años de operación en los que se empiece a reportar ingresos en el balance general. El pago de aranceles quedaría descartado también, ideal para aquellas instituciones que operen en la frontera del territorio.

El gobierno ecuatoriano espera recaudar con estas medidas más de 5.000 millones de dólares, aunque todavía la Corte Constitucional tiene que revisar la instrucción y darle el visto bueno. Una vez completado este paso, se aprobará y entrará en vigor con carácter inmediato.

Por todo esto, las sociedades de juego de Ecuador tienen que estar atentas a futuros movimientos y tratar de sacar partido, si es que pueden, de esta actualización de reglamento que se está llevando a cabo en el país. Un país sumido en un proceso de recuperación económica tras la pandemia generada por la covid-19 y que demanda de todo tipo de prosperidad en sus negocios. Sean del tipo que sean. Y el de las apuestas mueve mucho dinero.